I) Tierra de (des)gracia: la derecha en el gobierno, por Viceministro William Castillo Bollé / II) SER CHAVISTA

LA ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA KLÉBER RAMÍREZ, a través  de este medio, pone a la disposición de nuestros seguidores el magnífico documento contentivo del Discurso de Orden del Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, a propósito de la apertura de las actividades Judiciales del Tribunal Supremo de Justicia TSJ 2024; contribuyendo así a elevar la formación política-ideológica, revolucionaria y anti imperialista.

 

 Caracas, miércoles 31 de enero de 2024

 

 Sede del Tribunal Supremo de Justicia TSJ                                                

 Apertura de actividades judiciales 2024

 Discurso de Orden Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos 

 

     Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, doctora Caryslia Beatriz Rodríguez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; doctor Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional; doctor William Saab, Presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República; doctor Elvis Amoroso, Presidente del Consejo Nacional Electoral; junta directiva del Tribunal Supremo de Justicia; doctor Edgar Gavidia Rodríguez, primer Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y Presidente de la Sala de Casación Social; doctora Tania D’Amelio Cardiet, segunda Vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y Presidenta de la Sala Constitucional; doctor Malaquías Rodríguez, Presidente de la Sala Político Administrativa; doctor Henry Timaure, Presidente de la Sala de Casación Civil; doctora Elsa Gómez, Presidenta de la Sala de Casación Penal; doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela; doctor Alfredo Ruíz Angulo, Defensor del Pueblo. Honorable cuerpo diplomático, doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior; doctor general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa y demás Vicepresidentes sectoriales, ministros, ministras e integrantes del Gabinete Ejecutivo; doctor Daniel Augusto Ramírez, Defensor Público General; doctor Reinaldo Muñoz, Procurador General de la República; general Domingo Antonio Hernández Lares, Comandante Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y demás mayores Generales y Almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; diputados, diputadas de la Asamblea Nacional; Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, Nahum Fernández, Jefe de Gobierno de Caracas;, demás autoridades del Poder Judicial, distinguidos invitados especiales, medios de comunicación presentes, señoras y señores. 

     Estamos convocados a este auditorio para dar inicio al año judicial 2024, deseo dar público testimonio de agradecimiento a mis colegas magistrados y magistradas, por haberme otorgado la distinción de exponer en el día de hoy el discurso de orden. Quiero expresar mis mejores deseos a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez y a los miembros de la nueva Junta Directiva por sus nuevas responsabilidades, acontecimiento indudablemente trascendente en la vida institucional de este alto Tribunal. Agradezco especialmente a la magistrada Gladys Gutiérrez que en su gestión como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia ha proporcionado un importante apoyo, para el cumplimiento de los objetivos académicos del Instituto, investigación y postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura y así como el Instituto Iberoamericano. 

     La reflexión que haré a continuación, procura interpretar algunos aspectos de la situación socio-política de nuestro país, Venezuela padece de hace 25 años una guerra de agresión como todas las guerras imperiales, nuestro país está integrado al sistema capitalista mundial y hasta 1999 era dependiente del imperialismo norteamericano; en la estructura económica la dependencia era absoluta y era determinante en las relaciones sociales y culturales, sólo subsistía una independencia política jurídica formal conquistada a sangre y fuego en nuestra primera guerra de independencia. en efecto la victoria de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, puso punto final a la dominación del imperio español en el continente americano, en esta batalla definitiva los españoles fueron derrotados por el mariscal Antonio José de Sucre, vencido el imperio español los Estados Unidos de finales de 1800 se insertaron en la geopolítica latinoamericana, junto a algunas potencias europeas que competían por el control de los mercados latinoamericanos, empezó la etapa de la colonización inglesa y norteamericana que se decidió a favor de esta última a finales de la década de 1920. 

     Son muchas las razones por las que Estados Unidos deseaba y desea apoderarse de América Latina, ha utilizado y aún se sirve de diversas estratagemas para controlar los ingentes recursos naturales que nuestra región tiene, para dominar el gigante mercado, para favorecer los intereses de las empresas estadounidenses y para explotar la mano de obra barata de nuestros trabajadores. Los objetivos estadounidenses sólo podían y pueden concretarse mediante el sometimiento político ejercido por Washington sobre los gobiernos de la región, América desde 1823 ha sido una prioridad en la agenda de la política exterior y de la seguridad de los Estados Unidos. 

     Con la explotación del petróleo, iniciada a comienzos de la primera década gomecista, Venezuela se ubicó en la periferia tributaria del capitalismo imperial, el enclave petrolero de explotación generaba excedentes económicos que eran transferidos a los centros de financiamiento exterior, especialmente norteamericanos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos asumen el liderazgo del bloque de los países occidentales, en América Latina se imponen modelos políticos y económicos tutelados por los Estados Unidos y se constituye la doctrina de la seguridad nacional. En este proceso las fuerzas armadas de los estados latinoamericanos combatieron y eliminaron en sus países a las organizaciones populares de izquierda y a toda posible subversión social y política. Para cumplir con estos objetivos en los decenios de 1960, 1970 y 1980 realizaron en nuestros países golpes militares, establecieron dictaduras, sustentaron democracias representativas muy represivas, como el caso de la Venezuela del Pacto de Punto Fijo. 

     En definitiva, la finalidad del terrorismo de Estado era eliminar a los potenciales opositores, y en Venezuela tuvimos nuestra generación mártir de los 60, 70 y 80 del siglo pasado. A partir de la década de 1980, Estados Unidos impuso en América Latina un agresivo sistema económico neoliberal. El neoliberalismo se caracteriza por un intenso nivel de explotación laboral, por la mercantilización de la naturaleza, en el marco de un fuerte proceso de desregulación económica. Es una contraofensiva empresarial en los países capitalistas centrales para recuperar la rentabilidad y la tasa de ganancia a costa de los derechos laborales, la mercantilización y la venta con pérdida de los bienes nacionales. 

     En efecto, la privatización de las empresas y de los recursos públicos cobró en esta década en toda América Latina proporciones masivas, produciendo la desnacionalización de las economías nacionales de nuestros países. Este proceso debe explicarse como parte de una estrategia económica global, que responden a las políticas de los bancos y de las entidades de financiación imperial, que socavan en los países donde se aplican los estados de bienestar social, el valor de los salarios, las organizaciones sociales y el Poder Popular y de los trabajadores. 

     En el neoliberalismo el Estado cumple la importante función de promover un gobierno empresarial. Es decir, actúa favoreciendo los intereses de las élites económicas transnacionales. América Latina, sin embargo, ha sido la única región que ha ofrecido importante resistencia al capitalismo neoliberal. En Venezuela, el modelo neoliberal se concretó a través de la política del gran viraje de Carlos Andrés Pérez y de la Agenda Venezuela de Caldera y Petkoff. Como consecuencia de estas políticas neoliberales se desarrollaron fenómenos de subversión social, como El Caracazo del 27 y 28 de febrero de 1989. Las insurrecciones militares de 1992, es decir, la insurrección del 4 de febrero del 92, y la segunda del 27 de noviembre del mismo año.

     Con la llegada a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela de Hugo Chávez, el 6 de diciembre de 1998, surge la posibilidad real de construir una sociedad alternativa a la propuesta neoliberal. Se coloca en el centro del debate nacional la necesidad de construir una nueva democracia participativa, protagónica, comunitaria, adquiere importancia lo público, lo común en las relaciones sociales. El reto es edificar una nueva y amplia arquitectura institucional para realizar nuestros intereses comunes. El reto es reconstruir Estado soberano que exprese un cambio en la relación entre las clases sociales, que busque el camino hacia la justicia social y que encare las reivindicaciones históricamente postergadas de los amplios sectores de la población. 

     Al llegar a la Presidencia de la República, congruente con su promesa electoral, Chávez impulsa la redacción de una nueva Constitución, la nueva Constitución de 1999 permite la legitimidad del nuevo Estado Constitucional Social de Derecho y Justicia que supere al Estado de Derecho Liberal. En efecto, este modelo de Estado se aleja de la configuración liberal del estado de derecho, que se apoya en el canon de la igualdad formal de los ciudadanos. 

     La Constitución de 1999 es el primer ejemplo de una doctrina constitucional conocida como nuevo constitucionalismo latinoamericano. Su rasgo esencial es que la Carta Constitucional se ha producido fundamentalmente con la participación de las organizaciones populares, de los movimientos sociales, que han elaborado formas jurídicas y políticas incluyentes, una Constitución sensible a grupos y clases sociales excluidos y marginados del sistema sociopolítico neoliberal. Grupos, clases y actores sociales que recuperan la independencia, la soberanía nacional en sus dos vertientes, la interna y la soberanía externa, que implica la capacidad de un Estado de tomar decisiones de manera independiente y autónoma, sin la injerencia y la tutela de otros estados o de grupos de poder transnacionales. 

      Con la nueva Constitución se instala en nuestra sociedad el Poder Popular y se avanza hacia una nueva distribución del poder más democrática. Con la Constitución y el proyecto político bolivariano se cierra, se corta el proceso político que estaba convirtiendo al Estado venezolano en un Estado rehén, sometido a la voluntad de grupos muy poderosos transnacionales y nacionales, y a los objetivos geopolíticos estadounidenses. A partir de este momento se evidencia en nuestro país un conflicto entre dos bloques sociales en torno a la cuestión de la hegemonía, me refiero a dos bloques históricos que pretende acreditarse como guía hegemónica, es decir, social, moral e intelectual de la nación. Estamos presenciando un conflicto entre dos proyectos sociopolíticos muy diferentes. 

     Cuando analizamos nuestra realidad nacional, observamos una profunda rivalidad entre fuerzas sociales, cuya composición de clases es muy distinta. Esta pugna se manifiesta como una profunda disputa en torno a la naturaleza del modelo económico, cultural y social que debe asumir nuestra sociedad. Son batallas para firmar un modo de producir y reproducir la vida social, su sistema de valores, los derechos fundamentales, la ideología, los sistemas de creencia. En síntesis, una lucha por el destino de nuestra República. 

     El modelo de país del proyecto chavista siempre se ha sustentado con el amplio apoyo y con la legitimidad de los votos populares. Este bloque histórico está compuesto mayoritariamente por los sectores populares, por los habitantes de los barrios, los campesinos, la clase obrera, los estudiantes pobres, los curas y los militares progresistas; los pescadores y las comunidades indígenas. 

     Por el otro lado está el bloque histórico opositor, conducido por la nueva clase dominante transnacional, la superclase vinculada a los aparatos militares y diplomáticos de Estados Unidos y de Europa, este bloque histórico está representado por los partidos políticos de oposición, por los sindicatos patronales, por la CTV, los medios de comunicación, la tecnocracia de Pdvsa, profesores, investigadores, líderes estudiantiles de la Universidad Católica Andrés Bello, del IESA y de otras universidades privadas; por el Instituto Cedice, por el Grupo Santa Lucía, el Grupo Roraima, por el alto clero de la conferencia episcopal, por el Opus Dei, por grupos militares de alto grado formados en las escuelas de las Américas, por familias y líderes plutocráticos con importante presencia en el ámbito de los negocios y de la banca; las Organizaciones No Gubernamentales, las academias, la godarria. Este bloque social aspira a retomar el poder político y del Estado, imponer en Venezuela su modelo económico neoliberal. 

     En resumidas cuentas, para los centros transnacionales de poder privado, para la institucionalidad tecnocrática neoliberal, para los mercados financieros internacionales, para los Estados Unidos, promotor de su soberanía imperial, nuestro Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia representa un gran obstáculo para realizar sus objetivos económicos y geopolíticos en nuestro país. 

     A partir de la promulgación de la Constitución de 1999, Estados Unidos y el bloque opositor venezolano pretenden reapropiarse del Estado venezolano, reinsertar a nuestro país en el Bloque Atlántico, incluir a Venezuela en el concierto de las supuestas naciones libres, de conformidad con lo dispuesto en la Carta Democrática de la OEA, en condiciones de absoluta sumisión.No pudiendo socavar el apoyo popular al gobierno nacional, empezaron a utilizar estrategias golpistas, recordemos golpe de Estado del 2002 contra la nueva Constitución y la primera Ley Habilitante que permitió al presidente Chávez promulgar durante 12 meses 49 leyes para adecuar el Estado a los dictámenes de la nueva Constitución. 

     Quiero destacar que el golpe de Estado del 2002 a nuestra Constitución y a nuestro Estado Social de Derecho y de Justicia, inaugura un período de golpes de Estado en los países latinoamericanos, que también habían emprendido nuevos procesos constituyentes que reformaran su carta magna desde las perspectivas neoconstitucionalistas y refundar así un orden sociopolítico de sus sociedades sobre bases populares. Bolivia, 2008; Ecuador, 2010. Me interesa subrayar que a partir del 2009 los golpes de Estado en América Latina adquieren una nueva característica, por primera vez se utilizan las instituciones jurídicas, instrumentos legales para derrocar a los gobiernos legítimos antineoliberales y con base popular. En nombre de la democracia y el ordenamiento jurídico, la guerra jurídica es en los países latinoamericanos una nueva arma contra el Poder Popular y la forma constitucional del Estado Social. 

     La doctrina de la seguridad nacional estadounidense ha utilizado al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Ministerio Público, al Poder Electoral de los estados latinoamericanos para aniquilar los gobiernos democráticos de los estados sociales, que no actúan al dictado de las oligarquías nacionales, de sus respectivos países y de los poderosos poderes internacionales atlánticos. 

     Esta nueva forma de guerra, de agresión, conocida como guerra jurídica, o, como lawfare, es un procedimiento novedoso de guerra híbrida y asimétrica que los Estados Unidos y sus aliados políticos europeos llevan a cabo como un método para, en determinadas circunstancias, asegurar su hegemonía imperial. Se usan procedimientos judiciales de forma ilegítima, con el objetivo de una persecución política a dirigentes políticos que respaldan políticas antineoliberales y antiimperialistas. El uso del sistema judicial otorga un barniz de neutralidad, prestigio y apoliticismo a toda la operación. Subrayo, entonces, que se usa la ley y el sistema jurídico nacional y el sistema jurídico internacional para lograr objetivos políticos, económicos y militares, favorables a los intereses de los Estados Unidos. 

    Esta nueva forma de agresión jurídico política se aplicó en Honduras en el 2009 contra el presidente Zelaya, en Paraguay en el 2012 contra el presidente Lugo, en Brasil en el 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff y Lula, en el Perú en el 2022 contra el Presidente Castillo; la Fiscalía colombiana lo está intentando contra el Presidente Gustavo Petro actualmente. También el Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, le intentaron armar distintos lawfare, golpe de Estado jurídico. Voy a referirme al primer golpe de Estado parlamentario que fue invalidado, frenado, anulado, inhabilitado por nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Uno de los objetivos fundamentales de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, mayoría en ese momento en la Asamblea Nacional 2015, era encontrar un mecanismo jurídico para finiquitar el gobierno del presidente Maduro.Los diputados opositores se comprometieron con el gobierno de Washington a realizar dentro de un lapso de seis meses subsiguientes a la toma de posesión, una salida jurídica del poder del presidente Maduro. Posteriormente, la Asamblea Nacional en desacato consideró ilegítima, inexistente, la elección presidencial de mayo del 2018, estimó que el único poder público del Estado venezolano con legitimidad democrática era la Asamblea Nacional electa el cinco de diciembre del 2015, creando una situación de autoritarismo parlamentario y anulando de hecho las funciones de los otros poderes públicos. 

     Este instrumento jurídico pretendía de acuerdo con su punto de vista liberar a Venezuela del régimen autocrático, intentando un golpe de Estado jurídico al Presidente constitucional de Venezuela. Otro ejemplo, de lawfer, de judicialización de la política y del orden constitucional venezolano, ha sido realizado por el denominado TSJ en el exilio, juramentado por la Asamblea Nacional en desacato del 2017, tutelado por Mike Pence en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, donde se instaló por un tiempo, diseñando la estrategia de los golpes jurídicos a ejecutar. 

     Entre los principales lawfare contra el Presidente Maduro, me voy a referir a uno, tengo aquí la lista, pero solamente a uno, que es el del 3 de mayo del 2018, cuando el “TSJ” en el exilio, sentenció la suspensión de Nicolás Maduro como Presidente de la República de Venezuela y ordenó su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público. En ese mismo momento, el Secretario General de la Organización de Estado Americano salió a apoyar esta sentencia del tribunal en el exilio. Y el mismo día, y esto es interesante, ese grupo político que se llamaba Vente Venezuela publicó en el periódico El Nacional un comunicado en que respaldaba la decisión del tribunal ficticio de inhabilitar al Presidente Maduro, hizo un llamado a dimitir al gobierno y a inhabilitar al Presidente Maduro de por vida y también para el ejercicio de cualquier cargo público, además, instó a las fuerzas imperiales estadounidenses a apoyar estas decisiones. 

    En esta fase de desarrollo, en este momento que estamos viviendo, en esta fase de desarrollo del capital, que la podemos calificar de una etapa post-democrática, los estados guiados por el autoritarismo de mercado y por el fascismo financiero, se caracterizan por los procesos de des - democratización y se caracterizan por procesos de despolitización, el poder político se debilita, ya no son los parlamentos los que deciden las políticas a seguir, son las instituciones financieras internacionales, instancias no electas democráticamente las que quieren fijar las políticas nacionales. Es esta, la forma, como el despotismo de mercado pretende gobernar y disciplinar también a nuestros países. Su objetivo inmediato es el control de nuestro territorio, de nuestra población y de nuestras instituciones, reapoderarse del poder estatal, es para los Estados Unidos absolutamente primordial, es por esta razón que Venezuela está expuesta a un permanente sobresalto, una desestabilización política y de su economía continuada. 

     Frente a esta forma, frente a esta enorme amenaza, debemos profundizar los procesos democráticos de toma de decisión, distribuyendo el poder en todas las instancias de participación social. Es imprescindible ampliar y profundizar en toda Venezuela la presencia y la actuación del poder popular organizado. Hay que repolitizar el país, fortalecer las organizaciones del poder popular, del poder comunal, sólo un pueblo consciente puede asumir su papel decisivo y protagónico en este proceso de liberación nacional. 

     Quiero hacer una última consideración de nuestro puesto de trabajo, como funcionarios de los distintos poderes públicos, desde nuestra práctica de trabajo cotidiana, debemos reforzar la legitimación de las instituciones en que actuamos; para poder lograr este objetivo debemos mantener la transparencia en nuestro ejercicio profesional. Debemos, en el cumplimiento de nuestra función pública, ser creíbles. La credibilidad de nuestro accionar es y debe ser una característica fundamental de nuestra labor institucional. 

                                                                        Carlos Marx     

      Los ciudadanos venezolanos tienen el derecho constitucional de exigir que desempeñemos con responsabilidad nuestras funciones. En efecto, conducirnos con transparencia es nuestro deber y es un derecho de los ciudadanos venezolanos de exigirnos a nosotros esta conducta. Disponer de funcionarios competentes, calificados, es un reto en todas las instituciones. Pero junto a estas cualidades, son imprescindibles atributos como la integridad, la honestidad, el decoro. Es decir, cualidades morales, personales. Aún consciente, como Carlos Marx observó, que las pasiones más violentas y miserables de los seres humanos son la furia del interés personal. Como imagen de los poderes públicos, no podemos incurrir en abuso de poder, cuyo fin son los provechos personales o grupales particulares. No podemos instrumentalizar nuestra función pública para favorecer nuestros fines privados.

 Es importante saber que la corrupción es un proceso desestabilizador, representa una amenaza para la democracia participativa, socava los principios de una correcta administración: Los principios de la equidad y de la justicia social obstaculiza y distorsiona la consistencia de las instituciones democráticas y los fundamentos morales de toda sociedad. La corrupción es un hecho social grave en todos los poderes públicos, pero lo es más grave en el Poder Judicial. En este poder asegura la impunidad de las prácticas corruptas. Debemos tomar conciencia que todo sistema sociopolítico puede ser debilitado y hasta liquidado también por la impunidad y la anomia interna. Como decía nuestro Libertador en 1829: “La destrucción de la moral pública causa bien pronto la disolución del Estado.” Hay que avanzar en nuestro proyecto, fundamentado constitucionalmente en la unidad y colaboración de todos los poderes públicos, con honradez, rectitud, probidad, para resistir la embestida de las agresiones imperiales en todas sus formas, con discernimiento, valentía y alegría.

 Muchas gracias.