LA MORAL PÚBLICA: EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS
Próximamente se realizarán en Venezuela Elecciones Presidenciales y a propósito de ello observamos como los partidos de la derecha hacen fiesta de los recientes acontecimientos relacionados a la corrupción de funcionarios de la administración Pública, No obstante estos partidos a lo largo de las décadas pasadas luego del derrocamiento del la Dictadura de Marcos Pérez Jiménez, impusieron en el subconsciente de la población los anti-valores éticos y morales, haciendo de ello la leitmotiv, al extremo de generar en el sujeto como un hecho natural absolutamente normal la corrupción y el hacerse de los recursos y apropiación indebida de los bienes ajenos de particulares, en especial del Estado; tal como fue impuesta la frase “A mí no me den, pónganme donde haiga” y así quedó justificada la otra frase: EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS. (L.S)
“Resultan
realmente preocupantes los
niveles de agresividad y laxitud moral de las campañas electorales.
En dichas campañas electorales los candidatos han asumido una
actitud claramente hostil en el intercambio de opiniones que los
medios de comunicación suelen propiciar cotidianamente. La discusión
de los planes de gobierno brilla por su ausencia. Están a la orden
del día las acusaciones mutuas, pero también la negación de hechos
evidentes y, por supuesto, la victimización. Pareciera que en el
imaginario de muchos de nuestros políticos, todas esas acciones y
actitudes pueden ser electoralmente productivas.
Por supuesto, todas esas estrategias –más allá de si reportan votos o no– están reñidas con los principios de la moral pública. Nada tienen que ver con la primacía del bien común o con la promoción de buenas prácticas. En nuestro medio, la política parece haberse convertido exclusivamente en una competencia por los votos, no interesando mayormente los métodos que han de usarse para conseguirlos.
Desde el punto de vista de la moral pública, “el fin justifica los medios”, una frase asociada tradicionalmente al Maquiavelo de El Príncipe, dista mucho de ser un principio válido. Importan los procedimientos, los medios. También el examen de la legitimidad moral de los medios valida el objetivo y le confiere un sentido superior. No es verdad que “todo valga” con tal de lograr el poder. El poder es, en un régimen libre, una forma de ejercer el servicio público. En una democracia, a las autoridades elegidas se les concede ejercer el poder de manera acotada en el tiempo, por encargo de la ciudadanía. Ello significa que el poder no es suyo, sino del pueblo que le encarga hacer uso de él para cumplir con un programa político y por un período limitado. De otra parte la autoridad debe rendir cuenta de sus actos al pueblo, y, si no cumple con las promesas que la llevaron al gobierno, debe poder ser interpelada por sus electores. La ciudadanía no debe olvidar su lugar como guardiana del uso correcto del poder, ya que la acumulación de este es potencialmente corrupta y corruptora. En tal sentido, es correcto que una asamblea sea la que legisle y supervise las decisiones de quienes ejercen el gobierno. No hay democracia sin ese necesario balance de poderes. El equilibrio en el ejercicio del poder requiere de instituciones sólidas, así como de ciudadanos preocupados por el curso de la vida pública. Esa voluntad es la fuente del orden público, pero otra faceta de ella es precisamente la intervención directa en los procesos de fiscalización de la gestión de sus representantes a través del llamado “control democrático”.
En síntesis: la intervención de las personas y de los partidos políticos en la vida pública encuentra su razón de ser en la persecución del bien público en el marco de respeto de las normas y los procedimientos democráticos. Es a la luz de estos propósitos y principios que hemos de juzgar la conducta de los actores políticos. Si el fin último de la sociedad democrática es la observancia de los derechos de la persona, entonces esta no debe ser tratada como un instrumento para el acceso al poder. En este sentido, toda forma de manipulación y de clientelismo constituye una mala práctica. El ciudadano es el origen y el destinatario de la legitimidad de toda acción política; por ello, más allá de cualquier estrategia de mercadeo, él merece respeto”.
Universidad Pontificia de Perú
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